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Poca difusión se dio al muy lamentable episodio vivido en la península ibérica, asunto que, lejos de estar superado, constituye aviso que debe tomarse con seriedad. Si bien es cierto el gobierno mexicano suele usar lo que ocurre en otros países, para señalar los males que, según Morena, acarrea el capitalismo, es el caso que ahora no acudieron a criticar a las empresas del sector energía que aquí, en tiempos de Calderón, hicieron y deshicieron lo que quisieron. En el fondo, saben que su Jefe Máximo destruyó el sistema eléctrico nacional, por lo que sólo es cuestión de tiempo, se mirarán en el mismo espejo. Así que prefirieron callar.
España y Portugal, para efectos de producción eléctrica, son una isla. La conexión con los generadores del resto del continente es pobre, está mal mantenida y muestra severas insuficiencias tecnológicas. Es bien sabido que los gobiernos hispano y mexicano sólo tienen, como recurso natural inagotable, abundante saliva, no así talento administrativo, ni mucho menos, un programa, serio y completo, de optimización y adecuado mantenimiento de la infraestructura pública. Seguro se podría criticar a las empresas generadoras de aquellos países, pero lo cierto, es que la falla de que se trata encuentra su origen en la vulnerabilidad en la red de transmisión y distribución. Ella no es, ni debe ser responsabilidad de las entidades privadas. Sí, el problema real, es una criminal desinversión y desinterés por áreas que el constituyente mexicano calificó como estratégicas. No fue uno, sino ya dos, los sexenios en que México perdió el rumbo en la materia. Los directivos de la empresa estatal, aquí encargada constitucionalmente de la red en cuestión, dilapidaron múltiples recursos financieros, así como oportunidades para dotar al país de un robusto sistema eléctrico nacional, indispensable éste, para hacer crecer y mantener, en correcta operación, el aparato productivo. Los más lamentables e ineptos políticos ocuparon la posición de Director General de la CFE, cayendo en el punto más abyecto con Manuel Bartlett, sujeto indefendible e impresentable que la actual administración pretende ocultar bajo el tapete, cuando, en justicia, debió haberlo llamado ya a cuentas, por haber lesionado de manera grave y profunda a la economía nacional. Pero más allá de la palabrería que aquí llaman transformación, es importante que los diferentes agentes de autoridad, que algún rol juegan en la regulación, seguimiento, supervisión y fiscalización de lo que ocurre en el sector eléctrico, dejen las demagógicas disputas, así como las estériles imposiciones autoritarias, para hacerse cargo del esperpento al que llaman empresa productiva del Estado, ese, que no sólo es sino un barril sin fondo, un amasijo de corruptelas y de necias excusas. En la negra noche que fue la pasada administración se tergiversó el modelo constitucional aprobado en el año 2013, al amparo del cual, múltiples inversiones se hicieron para sacarnos del bache energético en que nos encontrábamos. Se ejecutaron vergonzosas piruetas legales y reglamentarias, para eludir el mandato constitucional, ese, que produjo la llegada a México de multimillonarias inversiones. La barbarie normativa, con el gobierno en turno, llegó a la Carta Fundamental. En ella se plasmaron bravatas ideológicas y otras necedades, tendientes a regresar al modelo más obsoleto, vetusto e ineficiente posible. Éste, claramente se adoptó para permitir a los funcionarios públicos seguir mercando y traficando con contratos y concursos, en los que ellos ganan, y los demás perdemos. Las reformas del pasado sexenio, y las de éste, en buena medida, tienen como objetivo cobrar a las empresas generadoras algo similar al derecho de piso, conminándolas a transferir ganancias al agente monopólico. Ese costo de acceso al mercado, en cualquier estado de derecho, sería judicialmente proscrito, por atentar contra derechos económicos fundamentales del gobernado. Se adoptó oficialmente un mantra. Todo se vale, para proteger a un ente estatal, aunque la generación de electricidad, evidentemente, no es una función de estado. Como ya se decía en el año 2013, el estado es responsable de la infraestructura, no de producir y vender una mercancía, como lo es la electricidad. Su deber es garantizar que quienes concurran a ese mercado lo hagan de manera correcta y eficiente, mirando por un suficiente abasto. Éste gobierno considera suficiente el decir que el engendro es de todos, para dilapidar ahí los pocos recursos públicos con los que cuenta el erario. Al darle la connotación de empresa estatal, dicen, los burócratas que ahí laboren pueden simular el conocimiento de la materia; el armar negocios a modo con sus allegados, así como poner en riesgo el suministro a la población. Ahora, servidores públicos que todo mundo señala por abusivos, hasta armas recibirán. Así podrán alterar medidores; regatear el acceso a la red, y cobrar lo que se les dé la gana, a punta de pistola. Mientras los políticos se echan las culpas, se está derrumbando el sistema eléctrico nacional, y no hay, ni habrá en el corto, ni mediano plazo, la capacidad financiera, técnica, ni mucho menos, la solvencia ética, para que la empresa estatal evite el regresarnos a oscuras cavernas. Nos han puesto en una ruta perdedora, en la que, simultáneamente, habrá que realizar cuantiosas inversiones en reposición de equipo, líneas e instalaciones, al tiempo de que se tienen que ejecutar labores de mantenimiento que se han omitido, al menos, hace seis años. Los recursos necesarios no están al alcance del sector público, al que, si bien le va, podrá apenas refinanciar lo que irresponsablemente obtuvo en los mercados, sin cumplir con lo ordenado en la Constitución, sí, se trata de sumas obtenidas sin una clara fuente de pago, las cuales criminalmente derrochó la CFE en inusitados proyectos y temerarias aventuras, mismas que, el recientemente huido exdirector general, jamás explicará. Baste de muestra la compra de centrales chatarra por 6,500 millones de dólares que hizo la paraestatal, muy lejos de aquella que les rasgó las vestiduras, por 500 millones de dólares, que se imputa a Lozoya. El inaceptable quebranto se efectuó para hacer ridículos anuncios, sí, para simular el haber alcanzado la meta fijada como como cuota del sector público. No bastó el robarse la electricidad, dejándola de pagar, o bien, comprándola a precios ridículos, impuestos burocráticamente. El anuncio tuvo como objetivo justificar las exóticas partidas presupuestales que se destinan al garlito oficialista. La operación aludida no pasa, de principio a fin, una auditoría de legalidad o de viabilidad financiera, siendo sólo muestra de la infinita impunidad que se dispensa a la oficialista agencia dominante. Como dice la residenta de palacio, para que se oiga fuerte y claro, al fallar la red de transmisión y distribución, en la que los particulares nada tienen, ni han tenido que ver, no habrá hackeo, ataque cibernético, ni mucho menos sabotaje, será sólo, y únicamente, resultado de la ineptitud, de la imperante corrupción, así como del disimulo de las áreas de fiscalización y combate a la impunidad. La infraestructura que está, y siempre ha estado, confiada al estado mexicano, ha carecido de las inversiones y trabajos precisados, hoy, ya de manera urgente. Todo porque al señor Bartlett no le salieron negocios en ese segmento, atrabiliariamente, se dedicó a jugar vencidas con quienes constituyen la única salida viable para que el país tenga el nivel de generación que demanda. Hay conceptos que hoy parecen excesivamente técnicos y reservados a especialistas, pero, en poco tiempo, serán puestos sobre la mesa de café de los mexicanos. Uno de ellos, es el balance de potencia. Alejándonos de truculentas teorías conspirativas, es evidente que lo que pasó en la península ibérica (que quisiéramos no pasara aquí en las nuestras) es que las condiciones de la red no soportaron las cada vez más severas variaciones en el flujo. Su red es obsoleta, no tuvo el mantenimiento oportuno. No se hicieron las inversiones. Como aquí, pararon los recursos públicos en los bolsillos de algunos burócratas y sus compinches. Siempre hay algún programa social más lucidor, por lo que las obras de mantenimiento siempre quedan pendientes. Las torres se caen de viejas y los cables ya muestran el natural desgaste.
Las raterías en el sector nos tienen a merced de una red estatal incapaz de mantener la confiabilidad, continuidad y estabilidad del sistema, sin embargo, la CFE, tiene el cinismo de cobrar como si hubiera cumplido en lo que a ella toca. Impone al segmento privado de generación costos que depredan el mercado y desincentivan inversiones. Tenemos un mercado sesgado y capturado, por el más brutal agente monopólico. Estando en ciernes la resolución del escrutinio judicial del proceso balanceo de potencia, es preciso adviertan los jugadores que aún pueden hacer algo en provecho del país, al desenmascarar una grotesca charada, en la que, la CFE, ha venido cobrando por capacidades que no tiene. Ella no puede proveer, ni mucho menos asegurar, de manera creíble, el balanceo o equilibrio de la red. Ello es importante, dado que tal fantasía ha venido provocando cobros, desmedidos y exagerados, por parte del Centro Nacional de Control de Energía, en favor de ella. Sesgando la normatividad, a modo, se creó una renta monopólica, como urgente complemento que permite sufragar el contrato colectivo de la fallida entidad estatal. Es buen momento para señalar que la confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional está sustentada por alfileres, y que el funesto modelo estatista, lo único que ha logrado es abatir la inversión en el sector. Cuando los apagones aumenten en duración y frecuencia, habrá que voltear a ver la desvencijada red de transmisión y distribución, empezando por esas islas energéticas que son la península de Yucatán y Baja California. Basta ya de demagogia, ya que no se debe buscar en los adversarios, ni en sus reformas, la fuente de las pifias, errores y deficiencias que no provienen sino de la lamentable ideologización de aspectos enteramente técnicos. Ya, cuando un supuesto experto en transporte multimodal, de un día para otro, es el paladín de la narrativa del sector energía, el camino al barranco está trazado. No es con barreras normativas, sesgos, topes, controles de precio, ni tecnologías amañadas, como se recuperará la viabilidad del sistema eléctrico nacional, sino con expertos e inversionistas que pongan el capital que se requiere para emprender el restablecimiento de la infraestructura eléctrica. Al emerger la irrupción de desbalance, tendremos que confiar en las instalaciones capaces de arrancar en una condición conocida como “negro”, esto es, a partir de nada, a partir de cero, y es eso, lo que costosamente estaba financiando el sector privado, hasta que llegaron los cavernarios que confunden ser de izquierda, con un estéril regresionismo que todo lo revienta. En poco tiempo, el concepto arranque en negro será un concepto familiar para los mexicanos; mientras quien pregunte por Bartlett, lo tendrá que hacer en francés. ____ Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
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Poca difusión se dio al muy lamentable episodio vivido en la península ibérica, asunto que, lejos de estar superado, constituye aviso que debe tomarse con seriedad. Si bien es cierto el gobierno mexicano suele usar lo que ocurre en otros países, para señalar los males que, según Morena, acarrea el capitalismo, es el caso que ahora no acudieron a criticar a las empresas del sector energía que aquí, en tiempos de Calderón, hicieron y deshicieron lo que quisieron. En el fondo, saben que su Jefe Máximo destruyó el sistema eléctrico nacional, por lo que sólo es cuestión de tiempo, se mirarán en el mismo espejo. Así que prefirieron callar.
España y Portugal, para efectos de producción eléctrica, son una isla. La conexión con los generadores del resto del continente es pobre, está mal mantenida y muestra severas insuficiencias tecnológicas. Es bien sabido que los gobiernos hispano y mexicano sólo tienen, como recurso natural inagotable, abundante saliva, no así talento administrativo, ni mucho menos, un programa, serio y completo, de optimización y adecuado mantenimiento de la infraestructura pública. Seguro se podría criticar a las empresas generadoras de aquellos países, pero lo cierto, es que la falla de que se trata encuentra su origen en la vulnerabilidad en la red de transmisión y distribución. Ella no es, ni debe ser responsabilidad de las entidades privadas. Sí, el problema real, es una criminal desinversión y desinterés por áreas que el constituyente mexicano calificó como estratégicas. No fue uno, sino ya dos, los sexenios en que México perdió el rumbo en la materia. Los directivos de la empresa estatal, aquí encargada constitucionalmente de la red en cuestión, dilapidaron múltiples recursos financieros, así como oportunidades para dotar al país de un robusto sistema eléctrico nacional, indispensable éste, para hacer crecer y mantener, en correcta operación, el aparato productivo. Los más lamentables e ineptos políticos ocuparon la posición de Director General de la CFE, cayendo en el punto más abyecto con Manuel Bartlett, sujeto indefendible e impresentable que la actual administración pretende ocultar bajo el tapete, cuando, en justicia, debió haberlo llamado ya a cuentas, por haber lesionado de manera grave y profunda a la economía nacional. Pero más allá de la palabrería que aquí llaman transformación, es importante que los diferentes agentes de autoridad, que algún rol juegan en la regulación, seguimiento, supervisión y fiscalización de lo que ocurre en el sector eléctrico, dejen las demagógicas disputas, así como las estériles imposiciones autoritarias, para hacerse cargo del esperpento al que llaman empresa productiva del Estado, ese, que no sólo es sino un barril sin fondo, un amasijo de corruptelas y de necias excusas. En la negra noche que fue la pasada administración se tergiversó el modelo constitucional aprobado en el año 2013, al amparo del cual, múltiples inversiones se hicieron para sacarnos del bache energético en que nos encontrábamos. Se ejecutaron vergonzosas piruetas legales y reglamentarias, para eludir el mandato constitucional, ese, que produjo la llegada a México de multimillonarias inversiones. La barbarie normativa, con el gobierno en turno, llegó a la Carta Fundamental. En ella se plasmaron bravatas ideológicas y otras necedades, tendientes a regresar al modelo más obsoleto, vetusto e ineficiente posible. Éste, claramente se adoptó para permitir a los funcionarios públicos seguir mercando y traficando con contratos y concursos, en los que ellos ganan, y los demás perdemos. Las reformas del pasado sexenio, y las de éste, en buena medida, tienen como objetivo cobrar a las empresas generadoras algo similar al derecho de piso, conminándolas a transferir ganancias al agente monopólico. Ese costo de acceso al mercado, en cualquier estado de derecho, sería judicialmente proscrito, por atentar contra derechos económicos fundamentales del gobernado. Se adoptó oficialmente un mantra. Todo se vale, para proteger a un ente estatal, aunque la generación de electricidad, evidentemente, no es una función de estado. Como ya se decía en el año 2013, el estado es responsable de la infraestructura, no de producir y vender una mercancía, como lo es la electricidad. Su deber es garantizar que quienes concurran a ese mercado lo hagan de manera correcta y eficiente, mirando por un suficiente abasto. Éste gobierno considera suficiente el decir que el engendro es de todos, para dilapidar ahí los pocos recursos públicos con los que cuenta el erario. Al darle la connotación de empresa estatal, dicen, los burócratas que ahí laboren pueden simular el conocimiento de la materia; el armar negocios a modo con sus allegados, así como poner en riesgo el suministro a la población. Ahora, servidores públicos que todo mundo señala por abusivos, hasta armas recibirán. Así podrán alterar medidores; regatear el acceso a la red, y cobrar lo que se les dé la gana, a punta de pistola. Mientras los políticos se echan las culpas, se está derrumbando el sistema eléctrico nacional, y no hay, ni habrá en el corto, ni mediano plazo, la capacidad financiera, técnica, ni mucho menos, la solvencia ética, para que la empresa estatal evite el regresarnos a oscuras cavernas. Nos han puesto en una ruta perdedora, en la que, simultáneamente, habrá que realizar cuantiosas inversiones en reposición de equipo, líneas e instalaciones, al tiempo de que se tienen que ejecutar labores de mantenimiento que se han omitido, al menos, hace seis años. Los recursos necesarios no están al alcance del sector público, al que, si bien le va, podrá apenas refinanciar lo que irresponsablemente obtuvo en los mercados, sin cumplir con lo ordenado en la Constitución, sí, se trata de sumas obtenidas sin una clara fuente de pago, las cuales criminalmente derrochó la CFE en inusitados proyectos y temerarias aventuras, mismas que, el recientemente huido exdirector general, jamás explicará. Baste de muestra la compra de centrales chatarra por 6,500 millones de dólares que hizo la paraestatal, muy lejos de aquella que les rasgó las vestiduras, por 500 millones de dólares, que se imputa a Lozoya. El inaceptable quebranto se efectuó para hacer ridículos anuncios, sí, para simular el haber alcanzado la meta fijada como como cuota del sector público. No bastó el robarse la electricidad, dejándola de pagar, o bien, comprándola a precios ridículos, impuestos burocráticamente. El anuncio tuvo como objetivo justificar las exóticas partidas presupuestales que se destinan al garlito oficialista. La operación aludida no pasa, de principio a fin, una auditoría de legalidad o de viabilidad financiera, siendo sólo muestra de la infinita impunidad que se dispensa a la oficialista agencia dominante. Como dice la residenta de palacio, para que se oiga fuerte y claro, al fallar la red de transmisión y distribución, en la que los particulares nada tienen, ni han tenido que ver, no habrá hackeo, ataque cibernético, ni mucho menos sabotaje, será sólo, y únicamente, resultado de la ineptitud, de la imperante corrupción, así como del disimulo de las áreas de fiscalización y combate a la impunidad. La infraestructura que está, y siempre ha estado, confiada al estado mexicano, ha carecido de las inversiones y trabajos precisados, hoy, ya de manera urgente. Todo porque al señor Bartlett no le salieron negocios en ese segmento, atrabiliariamente, se dedicó a jugar vencidas con quienes constituyen la única salida viable para que el país tenga el nivel de generación que demanda. Hay conceptos que hoy parecen excesivamente técnicos y reservados a especialistas, pero, en poco tiempo, serán puestos sobre la mesa de café de los mexicanos. Uno de ellos, es el balance de potencia. Alejándonos de truculentas teorías conspirativas, es evidente que lo que pasó en la península ibérica (que quisiéramos no pasara aquí en las nuestras) es que las condiciones de la red no soportaron las cada vez más severas variaciones en el flujo. Su red es obsoleta, no tuvo el mantenimiento oportuno. No se hicieron las inversiones. Como aquí, pararon los recursos públicos en los bolsillos de algunos burócratas y sus compinches. Siempre hay algún programa social más lucidor, por lo que las obras de mantenimiento siempre quedan pendientes. Las torres se caen de viejas y los cables ya muestran el natural desgaste.
Las raterías en el sector nos tienen a merced de una red estatal incapaz de mantener la confiabilidad, continuidad y estabilidad del sistema, sin embargo, la CFE, tiene el cinismo de cobrar como si hubiera cumplido en lo que a ella toca. Impone al segmento privado de generación costos que depredan el mercado y desincentivan inversiones. Tenemos un mercado sesgado y capturado, por el más brutal agente monopólico. Estando en ciernes la resolución del escrutinio judicial del proceso balanceo de potencia, es preciso adviertan los jugadores que aún pueden hacer algo en provecho del país, al desenmascarar una grotesca charada, en la que, la CFE, ha venido cobrando por capacidades que no tiene. Ella no puede proveer, ni mucho menos asegurar, de manera creíble, el balanceo o equilibrio de la red. Ello es importante, dado que tal fantasía ha venido provocando cobros, desmedidos y exagerados, por parte del Centro Nacional de Control de Energía, en favor de ella. Sesgando la normatividad, a modo, se creó una renta monopólica, como urgente complemento que permite sufragar el contrato colectivo de la fallida entidad estatal. Es buen momento para señalar que la confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional está sustentada por alfileres, y que el funesto modelo estatista, lo único que ha logrado es abatir la inversión en el sector. Cuando los apagones aumenten en duración y frecuencia, habrá que voltear a ver la desvencijada red de transmisión y distribución, empezando por esas islas energéticas que son la península de Yucatán y Baja California. Basta ya de demagogia, ya que no se debe buscar en los adversarios, ni en sus reformas, la fuente de las pifias, errores y deficiencias que no provienen sino de la lamentable ideologización de aspectos enteramente técnicos. Ya, cuando un supuesto experto en transporte multimodal, de un día para otro, es el paladín de la narrativa del sector energía, el camino al barranco está trazado. No es con barreras normativas, sesgos, topes, controles de precio, ni tecnologías amañadas, como se recuperará la viabilidad del sistema eléctrico nacional, sino con expertos e inversionistas que pongan el capital que se requiere para emprender el restablecimiento de la infraestructura eléctrica. Al emerger la irrupción de desbalance, tendremos que confiar en las instalaciones capaces de arrancar en una condición conocida como “negro”, esto es, a partir de nada, a partir de cero, y es eso, lo que costosamente estaba financiando el sector privado, hasta que llegaron los cavernarios que confunden ser de izquierda, con un estéril regresionismo que todo lo revienta. En poco tiempo, el concepto arranque en negro será un concepto familiar para los mexicanos; mientras quien pregunte por Bartlett, lo tendrá que hacer en francés. ____ Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
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