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Ya lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, la soberanía no se negocia, y, seguramente, así lo ven en los Estados Unidos de América, no discutirán con políticos mexicanos si gravarán, o no, las remesas. Es claro que los encumbrados funcionarios de este gobierno no entienden lo que es un impuesto de control, siendo lo mismo, para lograr su objetivo, que sea un 1% o un 5%. Se trata de formar la base inicial de lo que es la población objetivo. No sólo no se logró nada con la reducción, sino que han puesto dramáticamente las autoridades mexicanas su relevancia.
Se insiste mucho en la vana idea de afirmar que se trata de un doble gravamen, a pesar de que es bien sabido que los migrantes están en uno de los supuestos siguientes: 1) Se les descuenta alguna cantidad, pero esta no se entera a las autoridades, 2) No se les descuenta, por que laboran en completa opacidad migratoria, o 3) Se les descuenta y entera al fisco, éstos, todo parece indicar, son sustancialmente los menos. Así es, muchos analistas hacen meras especulaciones de lo que los migrantes “podrían” estar aportando al sistema tributario, pero lo hacen considerando el número de personas que están en esa condición, así como promedios de percepción, sin embargo, no existe referente que arroje una cifra confiable al respecto. Es claro que, al menos al inicio, el objetivo no es recaudatorio, se busca establecer un padrón de remitentes, que se acerca mucho a uno de migrantes, siendo un primer paso para esclarecer quienes, de los que acá envían dinero, tienen una estancia legal. Se equivoca el titular la SHCP al señalar que el impacto en el PIB sería equivalente al porcentaje del gravamen, dado que, si bien es cierto es el principal ingreso de nuestro país, no es el único, por lo que su repercusión no puede alcanzar la señalada por él. Por otro lado, deja claro que el mayor subsidio que reciben familias de escasos recursos en el interior del país procede de las arcas americanas, y sí, que éste no paga ningún tipo de impuesto. La legislación mexicana establece ciertas exenciones para algunos integrantes de la familia, pero, por supuesto, no alcanzan a cubrir al enorme universo de sujetos que aquí reciben sumas, incluyendo claro, a quienes integran la nómina de los carteles, quienes reciben pagos limpios de polvo y paja. Los datos estadísticos serán sorprendentes, y las decisiones que se tomen a partir de ellos, demoledores. El impuesto final puede estar entre el 10 y el 20%, y eso sí, tendrá graves repercusiones en el gasto de las familias mexicanas, dado que los pingues apoyos que otorga el gobierno mexicano, son sólo complemento de la renta recibida en algunos hogares. Los patrones que mantienen plantillas bajo el tapete se darán cuenta que la fiscalización del impuesto puede conducir hasta ellos, por lo que tendrán que formalizar la relación, o bien, prescindir de algunos trabajadores, en ambos casos se conseguiría el objetivo de política pública. Los cárteles mirarán nuevamente hacia las criptomonedas, o bien, a canalizar recursos vía las remeseras que pasan previamente por oriente, claro, con un costo adicional, dejando rastros que el Departamento del Tesoro ha buscado denodadamente. No es difícil dar gusto a algunas presiones bajando el tributo a 3.5%, ya que con tal porcentaje la finalidad de arranque aún se puede lograr. El impacto recaudatorio no se compara con el avance en la construcción de un padrón migratorio. Por lo pronto, tanto los gobiernos de la India, como el de México, han enseñado ya las orejas, en cuanto al potencial leverage que tiene el tema en toda negociación. La significación del tránsito dinerario recuerda al viejo político, que decía, cuando el precio de la tortilla sube, los gobiernos bajan, pero ahora, teniendo al nivel de impuesto como referencia. La flexibilidad que tendrán que mostrar los gobiernos beneficiarios del torrente de recursos ante peticiones de Washington será mayor, sin que, para los Estados Unidos sea gravoso. Es curioso ver cómo ahora, el apelar a la soberanía tiene un efecto inverso en quienes vivían envueltos en ella. En otros tiempos, los planes de apoyo, como, lo fue el Plan Mérida, representaban cuantiosas sumas al erario de aquel país, pero ahora, sólo involucra un porcentaje. La vía judicial, que ha abierto relevantes frentes a la administración Trump en otros temas, aquí muestra matices distintivos, ya que, si bien se pueden presentar class actions , o de representación colectiva, el caso es que, en tanto llega a la Corte Suprema, las transacciones realizadas irán dejando registro de quienes remitan cantidades, proceso que durará hasta que se dicte sentencia, dando una clara idea del tamaño del segmento de quienes, por muy diversas razones, ya no acudan a enviar dinero, al no poder agotar un proceso de auscultación de origen de los recursos.
Las agrupaciones que representan intereses de migrantes recibirán la visita de quienes usan esa vía para infiltrar el sistema bancario mexicano, esto, a través de establecimientos cambiarios o múltiples receptoras no reguladas que pulverizan la llegada a tierra azteca, haciendo, más que difícil, su fiscalización. Sí, seguramente, algunos de los visitantes serán aquellos que operan las redes de los principales cárteles. Hasta hoy, no se ha dimensionado el movimiento telúrico que ocasionará la medida, ni la de otras que le complementarán, particularmente, por la vía laboral, aplicable a empresas que contratan migrantes. El soberano derecho a establecer gravámenes removerá un profundo asunto que rebasa, por mucho, lo meramente tributario. Será más que interesante, ver lo que ocurre en las visitas que funcionarios o legisladores mexicanos hagan a sus contrapartes, ya que la agenda está cargadita. Al invocar la soberanía, al más puro estilo 4T, se pondrá toda apelación a la justicia a un lado, poniendo la seguridad nacional por encima de los reclamos. Un férreo control del proceso remesero, incluso, con un bajo impuesto, pondrá en predicamento a los países que cargan la seguridad social de sus ciudadanos a otros gobiernos, al tiempo de obligar al crimen organizado a tomar decisiones financieras de consideración, poniendo entonces en duda la conveniencia de lavar su dinero en territorio nacional, como hasta ahora lo ha hecho. ____ Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
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Ya lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, la soberanía no se negocia, y, seguramente, así lo ven en los Estados Unidos de América, no discutirán con políticos mexicanos si gravarán, o no, las remesas. Es claro que los encumbrados funcionarios de este gobierno no entienden lo que es un impuesto de control, siendo lo mismo, para lograr su objetivo, que sea un 1% o un 5%. Se trata de formar la base inicial de lo que es la población objetivo. No sólo no se logró nada con la reducción, sino que han puesto dramáticamente las autoridades mexicanas su relevancia.
Se insiste mucho en la vana idea de afirmar que se trata de un doble gravamen, a pesar de que es bien sabido que los migrantes están en uno de los supuestos siguientes: 1) Se les descuenta alguna cantidad, pero esta no se entera a las autoridades, 2) No se les descuenta, por que laboran en completa opacidad migratoria, o 3) Se les descuenta y entera al fisco, éstos, todo parece indicar, son sustancialmente los menos. Así es, muchos analistas hacen meras especulaciones de lo que los migrantes “podrían” estar aportando al sistema tributario, pero lo hacen considerando el número de personas que están en esa condición, así como promedios de percepción, sin embargo, no existe referente que arroje una cifra confiable al respecto. Es claro que, al menos al inicio, el objetivo no es recaudatorio, se busca establecer un padrón de remitentes, que se acerca mucho a uno de migrantes, siendo un primer paso para esclarecer quienes, de los que acá envían dinero, tienen una estancia legal. Se equivoca el titular la SHCP al señalar que el impacto en el PIB sería equivalente al porcentaje del gravamen, dado que, si bien es cierto es el principal ingreso de nuestro país, no es el único, por lo que su repercusión no puede alcanzar la señalada por él. Por otro lado, deja claro que el mayor subsidio que reciben familias de escasos recursos en el interior del país procede de las arcas americanas, y sí, que éste no paga ningún tipo de impuesto. La legislación mexicana establece ciertas exenciones para algunos integrantes de la familia, pero, por supuesto, no alcanzan a cubrir al enorme universo de sujetos que aquí reciben sumas, incluyendo claro, a quienes integran la nómina de los carteles, quienes reciben pagos limpios de polvo y paja. Los datos estadísticos serán sorprendentes, y las decisiones que se tomen a partir de ellos, demoledores. El impuesto final puede estar entre el 10 y el 20%, y eso sí, tendrá graves repercusiones en el gasto de las familias mexicanas, dado que los pingues apoyos que otorga el gobierno mexicano, son sólo complemento de la renta recibida en algunos hogares. Los patrones que mantienen plantillas bajo el tapete se darán cuenta que la fiscalización del impuesto puede conducir hasta ellos, por lo que tendrán que formalizar la relación, o bien, prescindir de algunos trabajadores, en ambos casos se conseguiría el objetivo de política pública. Los cárteles mirarán nuevamente hacia las criptomonedas, o bien, a canalizar recursos vía las remeseras que pasan previamente por oriente, claro, con un costo adicional, dejando rastros que el Departamento del Tesoro ha buscado denodadamente. No es difícil dar gusto a algunas presiones bajando el tributo a 3.5%, ya que con tal porcentaje la finalidad de arranque aún se puede lograr. El impacto recaudatorio no se compara con el avance en la construcción de un padrón migratorio. Por lo pronto, tanto los gobiernos de la India, como el de México, han enseñado ya las orejas, en cuanto al potencial leverage que tiene el tema en toda negociación. La significación del tránsito dinerario recuerda al viejo político, que decía, cuando el precio de la tortilla sube, los gobiernos bajan, pero ahora, teniendo al nivel de impuesto como referencia. La flexibilidad que tendrán que mostrar los gobiernos beneficiarios del torrente de recursos ante peticiones de Washington será mayor, sin que, para los Estados Unidos sea gravoso. Es curioso ver cómo ahora, el apelar a la soberanía tiene un efecto inverso en quienes vivían envueltos en ella. En otros tiempos, los planes de apoyo, como, lo fue el Plan Mérida, representaban cuantiosas sumas al erario de aquel país, pero ahora, sólo involucra un porcentaje. La vía judicial, que ha abierto relevantes frentes a la administración Trump en otros temas, aquí muestra matices distintivos, ya que, si bien se pueden presentar class actions , o de representación colectiva, el caso es que, en tanto llega a la Corte Suprema, las transacciones realizadas irán dejando registro de quienes remitan cantidades, proceso que durará hasta que se dicte sentencia, dando una clara idea del tamaño del segmento de quienes, por muy diversas razones, ya no acudan a enviar dinero, al no poder agotar un proceso de auscultación de origen de los recursos.
Las agrupaciones que representan intereses de migrantes recibirán la visita de quienes usan esa vía para infiltrar el sistema bancario mexicano, esto, a través de establecimientos cambiarios o múltiples receptoras no reguladas que pulverizan la llegada a tierra azteca, haciendo, más que difícil, su fiscalización. Sí, seguramente, algunos de los visitantes serán aquellos que operan las redes de los principales cárteles. Hasta hoy, no se ha dimensionado el movimiento telúrico que ocasionará la medida, ni la de otras que le complementarán, particularmente, por la vía laboral, aplicable a empresas que contratan migrantes. El soberano derecho a establecer gravámenes removerá un profundo asunto que rebasa, por mucho, lo meramente tributario. Será más que interesante, ver lo que ocurre en las visitas que funcionarios o legisladores mexicanos hagan a sus contrapartes, ya que la agenda está cargadita. Al invocar la soberanía, al más puro estilo 4T, se pondrá toda apelación a la justicia a un lado, poniendo la seguridad nacional por encima de los reclamos. Un férreo control del proceso remesero, incluso, con un bajo impuesto, pondrá en predicamento a los países que cargan la seguridad social de sus ciudadanos a otros gobiernos, al tiempo de obligar al crimen organizado a tomar decisiones financieras de consideración, poniendo entonces en duda la conveniencia de lavar su dinero en territorio nacional, como hasta ahora lo ha hecho. ____ Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
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